El nuevo “PLAN E” del Gobierno para salvar al
comercio: subvencionar primero y freír a impuestos después. Las
pymes y los autónomos mueren para mantener los gastos improductivos
de la Administración.
Es absolutamente contradictoria la forma que tiene el Gobierno de
“ayudar” a las pymes y a los autonómos, por ejemplo, mediante el
“Plan de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista 2013″ o
la modificación del “Fondo de Ayuda al Comercio Interior”.
(E, igualmente, a través de la nueva “Ley de Emprendedores”).
Estos dos últimos programas de ayuda pretenden potenciar la
innovación, la competitividad, las ventas, las inversiones, la
liquidez, la internacionalización, etc., del comercio minorista.
Para ello, el Gobierno “pondrá a disposición” de los
empresarios del citado sector 28,68 millones de euros.
¿Son estos los nuevos “Planes E” de Rajoy destinados a las
pymes y a los autónomos? ¿Tiene alguna lógica competitiva
subvencionar al comercio y continuar friéndolo a impuestos? Estas
subvenciones que, en realidad son ayudas económicas cortoplacistas,
únicamente podrán servir para mantener a algunos comercios con
respiración asistida pero sin sacarlos del coma empresarial en el
que se encuentran actualmente. Aunque de este modo, las pymes y los
autónomos de este sector podrán seguir pagando impuestos y, por
tanto, financiando el gasto público y político improductivo.
Finalmente, los comercios devolverán al Estado estos incentivos
económicos multiplicados y en forma de impuestos confiscatorios. Por
tanto, estas ayudas no resolverán los problemas de viabilidad
económica del comercio y, por el contrario, prolongarán la agonía
del sector. En resumen, se trata de una operación en la que se
oxigenará temporalmente a los comercios al objeto de exprimirlos
fiscalmente durante más tiempo pero la rentabilidad se la llevará
la Administración. ¿Quiere dopar el Gobierno a los comercios a
través de estos planes sin futuro?
Las subvenciones son sinónimo de corrupción. En
la actualidad y en determinadas comunidades autónomas, existen
subvenciones concedidas desde hace más de cuatro 4 años por la
Administración que todavía no han sido cobradas por las empresas
adjudicatarias. Durante el tiempo transcurrido entre la concesión de
una línea de subvenciones por parte de la Administración hasta que
se produce el ingreso de las mismas, multitud de las empresas
adjudicatarias desaparecen y, por tanto, no cobran estas ayudas.
Otro handicap para las empresas viene definido por el maremagnum
normativo de las autonomías y la engorrosa e interminable
tramitación burocrática que desanima a muchos empresarios a la hora
de solicitar subvenciones. Además, en España , tanto el modus
operandi como los criterios de selección respecto a la concesión,
en muchos casos, de determinadas subvenciones se basan únicamente en
la afinidad al partido político que gobierna. Esta situación
provoca una falta de credibilidad y de confianza hacia la
Administración que roza el tercermundismo.
¿Cómo se puede ayudar a las pymes y a los autónomos? Si
el Gobierno quisiera ayudar a las pymes y a los autónomos, apostaría
por reducir considerablemente las abusivas cuotas a la Seguridad
Social (y no sólo a los nuevos emprendedores menores de 30 años,
medida que contempla la nueva Ley de Emprendedores).
La Administración arruina a las empresas y, a la vez, se
financia a través de ellas. La terrible experiencia de miles de
empresarios: debido a la presión fiscal del Gobierno, los
costes de los suministros en general, y en el sector del comercio
minorista en particular, han subido en los dos últimos años en un
porcentaje insostenible, provocando el cierre de muchos negocios y el
aumento de la economía sumergida (debido a motivos de mera
subsistencia empresarial y no por elección).
Las pymes y los autónomos españoles se encuentran inmersos en un
dantesco círculo vicioso: deben soportar el incumplimiento
permanente de la Ley de Morosidad Pública por parte de la
Administración (que paga tarde, mal y nunca) y, paralelamente, en el
caso que tengan alguna deuda con la Seguridad Social o Hacienda,
estas instituciones embargan automáticamente y sin demora sus
cuentas. Hacienda y la Seguridad Social, en el caso de las pymes o
los autónomos, ni siquiera tienen en cuenta los históricos
(antecedentes respecto a los pagos) de la empresa para negociar las
deudas, puesto que el único objetivo que tienen es recaudar para el
Estado, sin importarles los cadáveres empresariales que dejen por el
camino. ¿A alguien le sorprende el índice de alta mortandad
empresarial que tenemos en España?
Las empresas que no consiguen sortear las constantes zancadillas
que pone la Administración están abocadas a la liquidación y, en
el caso que no puedan hacer frente a sus deudas, al concurso de
acreedores. En muchas ocasiones, el empresario suele ser avalista
personal y termina en un doble concurso: el suyo (como persona
física) y el de su empresa. El modelo de concurso de acreedores
español deja a las empresas, en la mayoría de los casos, sin ningún
plan de viabilidad futuro y al empresario con deudas de por vida.
Además, los concursos suelen ser gestionados por administradores
concursales sin ninguna experiencia empresarial. ¿Esta es la segunda
oportunidad a la que se refiere la nueva Ley de Emprendedores?
La esencia y la razón de ser de la crisis de las pymes y de los
autónomos radica en la imperiosa necesidad que tiene nuestro
hipertrofiado y elefantíasico Estado de financiarse para mantener a
la casta política y sindical y a toda la legión de enchufados que
parasitan en la Administración. Las empresas mueren para que la
Administración sobreviva, la cuestión es: ¿hasta cuándo?, puesto
que la recaudación está cayendo, ¿tendrá razón Laffer?
No olvidemos tampoco que la demanda interna ha caído
considerablemente desde el comienzo de la crisis. España se ha
convertido en un país de pobres sin apenas capacidad de consumo.
También sufren las empresas la nefasta política energética, que
llevó a cabo, sobre todo, el anterior gobierno de Zapatero. Los
elevados costes de la energía se traducen en una perdida de
competitividad para las empresas españolas. Se ha demostrado, una
vez más, que la política de subvenciones, en este caso, al carbón
y a las energías renovables son sinómimo de fracaso. ¿Cuándo se
liberalizará el sector?
Para rematar la faena, el crédito bancario no fluye hacia el
sector privado porque la banca prefiere destinarlo a financiar el
Estado y, de paso, hacer negocio con ello (el famoso carry trade).
Hasta el presidente del BCE, Mario Draghi, ha recomendado al
Gobierno, hace escasos días, recortar el gasto público improductivo
y reducir los impuestos. En España, el gasto público improductivo
(al que se refiere Draghi) está relacionado con el gasto político
y, por tanto, íntimamente ligado a las duplicidades y triplicidades
derivadas del Estado de las autonomías, a la insostenible
Administración paralela, a las subvenciones a los partidos
políticos, a los sindicatos y a la patronal, etc. El gasto público
y político improductivo equivale en nuestro país a varias decenas
de miles de millones de euros que si se recortara, permitiría, a su
vez, reducir los impuestos e impulsar el crecimiento económico.
Más de 6 millones de parados, pobreza infantil, los comedores de
Cáritas a rebosar, el sector privado en la UVI, etc., pero el
despilfarro y la corrupción política siguen a diario en las
portadas de los periódicos. ¿Populismo o la realidad socioeconómica
de España?
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