La administración sigue apostando por el paro y la miseria

A un empresario le ha costado nada menos que TRES años y 10.000 € cumplir con la burocracia para poder abrir un negocio EN ANDALUCÍA que no es precisamente una región de pleno empleo. 


En plena crisis y con el altísimo paro que sufrimos: ¿Por qué la administración no quiere que se constituyan empresas? ¿Por qué la administración quiere paro? Funcionarios de ventanilla: ¿De donde esperáis que salga el dinero para pagar vuestros sueldos?

Esto no sale gratis: Altísima tasa de desempleo (1/3 de los parados Europeos son españoles), huida de los emprendedores de España como de la peste a otros países donde en vez de recibirlos a patadas los reciban con los brazos abiertos, huida de los cerebros a otros países,...

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Según los Gobiernos, en 24 horas se puede constituir una empresa en España; según los empresarios, se tarda 47 días de media. Pero el problema es comenzar la actividad. De acuerdo con el último informe del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (Doing business) sobre 183 países, España ocupa el puesto 136º en facilidades para empezar o abrir un negocio. La experiencia del ingeniero y promotor Ramón Iglesias avala esa mala clasificación: montar una bodega y almazara ecológica en Vejer de la Frontera (Cádiz) le ha costado más de tres años de gestiones, medio millón de inversión, 10.000 euros en licencias, centenares de papeles y trámites con más de 30 funcionarios de 11 departamentos de cuatro Administraciones: el Ayuntamiento de Vejer, la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía y el Gobierno.

Antes de llegar a vender su primera botella, Iglesias ha tenido que pagar 1.300 euros por un estudio de impacto acústico, a pesar de que las instalaciones no generan ruido significativo y están a 2,5 kilómetros del lugar habitado más cercano; ha abonado 481,31 euros por una autorización que no se precisaba y le han llegado a solicitar certificaciones de “innecesariedad”. Hasta un gallinero de nueve animales ha corrido peligro. “Hay que distinguir entre constituir una empresa e iniciar la actividad. Lo primero es verdad que se puede llegar a hacer en un día. El problema es comenzar el negocio, para lo que se necesitan trámites locales, autonómicos y nacionales. Se puede llegar a tardar hasta tres años”, admite Alfonso Díaz Abajo, director de creación de empresas y autónomos de la Confederación de Empresarios de Andalucía.
“Que no abran más ventanillas únicas porque terminan convirtiéndose en una más”, se lamenta Iglesias, que además es presidente de la sociedad Sodinur. Este emprendedor de 63 años y con proyectos internacionales clama contra las dificultades para los emprendedores. Y eso que él ha tenido capacidad económica y profesional suficiente. “Para un parado hubiera sido imposible montar la bodega”, afirma.
La pesadilla administrativa comenzó cuando Iglesias heredó la finca Sancha Pérez, 17 hectáreas de secano entre Conil y Vejer, y decidió crear la bodega y almazara ecológicas. En 2008 plantó 1.800 olivos y 10.000 cepas y obtuvo la licencia para una nave de uso agrícola con la intención de adecuarla posteriormente a la producción.
La puerta del laberinto se abrió el 6 de agosto de 2008, cuando presentó el proyecto de actuación previsto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que incluye, en su artículo 42, que el proyecto contendrá “al menos” una docena de requisitos y “cualesquiera otras determinaciones” que permitan una adecuada valoración. “Es una puerta abierta a que cualquiera pueda pedir lo que se le ocurra”, advierte.
Este plan fue aprobado dos años después de constantes gestiones en el Ayuntamiento de Vejer y el servicio de asistencia a municipios de la Diputación de Cádiz. Mientras, tramitó la instalación de la línea eléctrica y se encontró desde reticencias vecinales —15 reuniones llegó a mantener con un propietario colindante— hasta una autorización que costó 481 euros y que, según le comunicó la propia Consejería de Economía una vez concedida, no era necesaria. Quedaban más escollos. Uno es un certificado de “innecesariedad de la realización de una actividad arqueológica” que no se pidió cuando sí hubo movimiento de tierras durante la construcción de la nave, pero que se exigió después, cuando se detalló en el proyecto claramente que no se iba a alterar el terreno en modo alguno.
Otro requisito requerido por Medio Ambiente e incluido como el resto en el expediente de tramitación, es un informe de impacto acústico de una empresa homologada que le costó a Iglesias 1.300 euros y que, como era previsible por la actividad y la distancia a la zona habitada más cercana, situada a 2,5 kilómetros, arrojó resultados positivos para el promotor.
Tampoco se fio la Administración de los focos que pretende instalar y reclamó un informe más en virtud del Decreto 357/2010 que aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno. De nuevo, más tiempo y más dinero en estudiar la normativa para unas luminarias de bajo consumo previstas en el exterior de la bodega.
Finalmente, Iglesias, pese a estar metido de lleno en la maraña normativa, pretendió llevar hasta el final su conciencia ecológica y advirtió que usaría los residuos vegetales y los excrementos de siete gallinas y un gallo para hacer compostaje. Su osadía le costó una respuesta inmediata de la Junta de Andalucía advirtiéndole que se tenía que someter al Real Decreto 824/2005 sobre fertilizantes. Antes de culminar el estudio de las 77 páginas de la normativa, el empresario decidió renunciar a la idea.
La licencia de apertura la consiguió a principios de este año tras obtener registros sanitarios, agroalimentarios y de establecimiento industrial en tres Consejerías y un Ministerio. En la bodega, situda en una zona con una tasa de paro del 34,51%, según la ultima EPA, ya hay dos trabajadores fijos y decenas de eventuales.
Un portavoz de Economía insistió en que “se pueden crear empresas en cuatro días” y dijo no tener constancia oficial del caso Sancha Pérez. Ramón Iglesias cree que pone en evidencia varios problemas que atenazan, según advierte, la capacidad emprendedora: la financiación, que ha sido privada en todo momento; la excesiva carga burocrática y la escasa cultura empresarial. En este último campo incluye a los legisladores, a los que acusa de “desconocer las consecuencias de sus actos”; a los allegados, que le desaniman en todo momento, y a la propia Administración, que, con el exceso de regulación, la complejidad normativa y la “falta de sentido común”, abona el terreno, según Ramón Iglesias, a la corrupción y a la economía sumergida.
“Hay un marasmo legislativo que desincentiva. Un empresario tiene que demostrar su inocencia antes de empezar”, lamenta Díaz Abajo, quien reclama la reforma anunciada por Rajoy como urgente para facilitar la creación de negocios.