lunes, 30 de mayo de 2011

Democracia Real

Una joven de 31 años en paro, un estudiante universitario en su último año de carrera, un hombre de 47 años a punto de agotar el subsidio de desempleo, desempleado de 37 años a punto de ser desahuciado de su hogar,...

Si no saben quienes son yo se lo explico: Son los portavoces de Democracia Real. Y esto aterroriza a las cúpulas de los partidos.

viernes, 27 de mayo de 2011

El Parlamento catalán debatirá prohibir la bandera española en los edificio públicos

Y el nuevo alcalde de San Sebastián dice que se pensará si pone la bandera española porque no se siente identificada con ella.

Cada vez entiendo menos. Las leyes ¿son o no obligatorias? Me hace gracia que estos mismos señores que votan si van a cumplir la ley, nos exigen al resto que cumplamos sus leyes.

Dentro de poco mi comunidad de propietarios va a aprobar unas obras, para lo que necesitaremos permisos y pagar tasas. Voy a proponer a la junta de propietarios que, siguiendo el ejemplo de la administración, votemos si cumplimos sus normas municipales y pasamos de pedir permisos y pagar tasas.

¿Que no les gusta la bandera española? Se aguantan. Si es obligatorio, es obligatorio. A mi tampoco me gustan muchas de sus leyes. Como tampoco me gusta tener que mantener a 5 administraciones llenas de parásitos, enchufados y cuentistas con sus respectivas clientelas.

domingo, 22 de mayo de 2011

Las Administraciones tienen que adelgazar

Me ha sorprendido que un político de importancia como Iñaki Azkuna haya hablado de racionalizar las administraciones públicas con la siguiente reflexión:

¿Qué pinta, por ejemplo, una Consejería de Cultura en el Gobierno, tres departamentos del mismo área en las diputaciones y otras tantas concejalías de Cultura en las tres capitales vascas? Creo que se debe producir una racionalización. Es mi reflexión que dejo para su debate.

Es la primera vez que oigo a un político hacer esta reflexión.

http://www.cincodias.com/articulo/economia/Administraciones-tienen-adelgazar/20110521cdscdieco_4/


La fusión de municipios: ¿una reforma inaplazable?

Un estudio de octubre del año pasado de la Fundación Progreso y Democracia calculó que la fusión de municipios españoles podría implicar un ahorro potencial de hasta 16.142 millones de euros. Éste debería ser uno de los temas centrales de estas próximas elecciones municipales del 22 de mayo. Sobre todo cuando sobre nuestro país se cierne la soga de la deuda y para escapar de ella esta impelido a realizar las grandes reformas estructurales que ha ido retrasando durante los últimos decenios. España tiene 8.112 municipios de los cuales más de 5.500 tienen menos de 2.000 habitantes, para una población de unos 47 millones. Este elevadísmo número de muncipios no es la regla en otros países europeos, sino una excepción.

La organización provincial y municipal de España tiene su origen en el primer tercio del siglo XIX. La Constitución Española, aprobada por las Cortes de Cádiz, en su artículo 310 preveía la creación de ayuntamientos en los pueblos en los que no los hubiere y resultase conveniente su existencia, siendo obligatorio en los de más de 1000 habitantes. Posteriores leyes consolidaron esta tendencia fijando en 100 personas el número mínimo para constituir un municipio. Seguidamente se creó la provincia en 1833 con el decreto de Javier Burgos y se instituyeron las diputaciones provinciales. Esta organización territorial pervive en pleno siglo XXI, a pesar de los grandes cambios que en esa organización ha tenido el Estado, como consecuencia de la creación de las comunidades autónomas por la Constitución española de 1978.

Nuestro modelo municipal quizás respondía adecuadamente a las necesidades de un país con una economía prevalentemente agrícola, pero no a los requerimientos de una sociedad moderna donde prima la movilidad de los ciudadanos y la prestación de servicios de calidad. Ya que es difícil, por no decir imposible, prestar esos servicios en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. En los cuales, su capacidad organizativa y financiera no permiten aplicar economías de escala, ni técnicas modernas de gestión para suministrar el agua, construir viales y comunicaciones con otras poblaciones, realizar el planeamiento urbanístico, etc.

La mayoría de los países europeos (el Reino Unido, Alemania, Bélgica, Suecia, etc.) afrontó estos problemas desde la segunda mitad del siglo XX. Para ello realizaron grandes procesos de reforma mediante la fusión de municipios o entidades semejantes, con los objetivos de procurar un mejor servicio a los ciudadanos, de reforzar su gobierno local y la responsabilidad política de sus gobernantes. Incluso Francia, que tiene una tradición de minifundismo municipal que proviene de la instauración de las comunas en su periodo revolucionario, está realizando en las dos últimas décadas reformas relevantes: hace muy poco aprobó la Ley 2010-1563 de 16 de diciembre de reforma de colectividades territoriales en la cual se prevé la elección directa de los Consejos Comunitarios de Comunas (una de las estructuras de concentración municipal) a partir de 2014.

Sin embargo, desde la promulgación de la Constitución, España ha seguido el camino contrario. De forma que entre 1996 y 2009, en lugar de concentrar, se han producido segregaciones municipales que han afectado a más de treinta municipios. Al tiempo que se han mantenido las Diputaciones Provinciales, a pesar de haber perdido gran parte de su sentido con la existencia de las comunidades autónomas, ya que les resta la función de servir a los municipios más chicos.

La fusión de municipios en España conllevaría la supresión de miles de concejalías (de los 48.733 concejales que hay en los 6.853 municipios de menos de 5.000 habitantes podría pasarse a 13.000 concejales, si se fusionaran en 1.000 municipios de 5.000 habitantes) con lo cual se reduciría el esperpento del localismo municipal en las elecciones locales, se limitaría el clientelismo y se reforzaría la responsabilidad política. Asimismo, se podría reducir la burocracia, mejorar la profesionalización de los empleados públicos, eliminar duplicidades y redundancias en esas administraciones y establecer un modelo de financiación local más homogéneo para todos ellos y menos dependiente del suelo. Al tiempo que se establecerían sinergias en la prestación de servicios.

Estas fusiones deberían impulsarse desde el Estado mediante su legislación básica, aunque luego las ejecutasen las comunidades autónomas, y tener carácter obligatorio, tras un periodo razonable para hacerlas de forma voluntaria. Igualmente habría que suprimir las diputaciones provinciales, que perderían su última razón de ser. Y habría que obligarse a hacerlas ya, antes de que desde Europa nos las impongan. Porque supondrían un importante ahorro a nuestras cuentas públicas. Como decíamos al inicio, según un estudio de la Fundación Progreso y Democracia, el ahorro potencial podría ir de 3.866 a 16.142 millones de euros, según se acordase que la población mínima de un municipio fuera de 5.000 o 20.000 habitantes; que sería mayor al sumar el ahorro por la supresión de las diputaciones.

Y no teman. Un ayuntamiento mayor, no implicará la desaparición de ningún pueblo. Pues no se trata de acabar con la patria chica de nadie, sino simplemente de fusionar sus gobiernos en beneficio de todos.


http://www.hayderecho.com/Articulo200.asp


sábado, 21 de mayo de 2011

Diez mentiras sobre Democracia Real Ya

1. Es falso que sólo traigan protestas y no propuestas. Están en su web, y son más concretas que algunos programas electorales.

2. Es falso que estén contra los políticos. Lo que piden es políticos responsables que no estén en contra de la sociedad y que no utilicen las instituciones de todos para su interés personal.

3. Es falso que rechacen la democracia. Lo que quieren es más democracia, y que la soberanía resida en el pueblo, no en los mercados ni en los banqueros.

4. Es falso que no crean en el voto. Por eso exigen una reforma electoral, para que cualquier voto de cualquier ciudadano valga igual.

5. Es falso que sean unos antisistema. Antisistema es la corrupción, la injusticia o la impunidad. ¿Es acaso esa democracia, que ellos reivindican desde la primera palabra, contraria al sistema actual?

6. Es falso que sean violentos. Apenas ha habido incidentes, a pesar de la muchísima gente que hay.

7. Es falso que sean apolíticos. Es un movimiento apartidista, que no es igual.

8. Es falso que sean sólo jóvenes. Hay muchos jóvenes en esas plazas; jóvenes a los que ya no se podrá descalificar como “ninis” o “conformistas”. Pero también hay ciudadanos de cualquier edad.

9. Es falso que pidan la abstención. Lo que piden es el voto responsable: un atrevimiento “contra la libertad“, según el casposo criterio de la Junta Electoral de Madrid.

10. Y sobre todo es falso que esto se vaya a terminar el domingo, después de votar. Porque la democracia no consiste en votar y callar. Porque el lunes, cuando estas elecciones hayan terminado, el Mayo de 2011 continuará.


http://www.escolar.net/MT/archives/2011/05/diez-mentiras-sobre-democracia-real-ya.html


sábado, 7 de mayo de 2011

Montesquieu

No me cabe duda que el Tribunal Constitucional permitirá a Bildu presentarse a las elecciones tras hablar con el Gobierno y el PSOE
Esta frase recien dicha por Iñigo Urkullu como si fuera la cosa más normal del mundo, ha pasado totalmente desapercibida, a pesar de su extrema gravedad. Para mi esto es muchísimo más grabe que si Bildu puede o no presentarse a unas elecciones. Nunca un político había dejado tan claro que ellos controlan los tribunales.

¡La más alta instancia judicial de un país consultando a los políticos sobre que decisión debe tomar!

Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución. Artículo 16 - Declaración de los derechos del hombre y el del ciudadano de 1789


Hay alternativas:
  • En USA los jueces del supremo (que hace las veces de TC + supremo), son elegidos por el presidente con la aprobación del senado con CARACTER VITALICIO. Una vez nombrados no deben nada a quien los nombró, y no cesan cuando cesa quien los nombró. El reparto de jueces no representa el reparto del parlamento porque los jueces se van renovando a medida que dimiten o mueren, un juez cada varios años.
  • Someter las plazas a sorteo entre los jueces que cumplan ciertos criterios de mérito y capacidad, como x años en la magistratura, años de profesor de universidad, ....